Cuando usted lee acerca de la lucha de Puerto Rico por resolver la cuestión de su estatus político, a menudo verá referencias a los Casos Insulares. ¿Qué son? Los Casos Insulares son una serie de decisiones del Tribunal Supremo Federal sobre el estatus legal y derechos de las personas en las Filipinas y Puerto Rico bajo el régimen territorial de EE. UU.
Hasta 1900, todos los territorios de EE. UU. estaban localizados en el continente norteamericano, al igual que los estados de la Unión. A medida que el pueblo americano se movió hacia el oeste, se formaron nuevos territorios habitados mayormente por ciudadanos americanos. Los territorios de EE. UU. que se convirtieron en estados, tales como Ohio y Luisiana, fueron incorporados a los EE. UU. bajo la Constitución, con un gobierno territorial temporero hasta que fueran admitidos como estados por el Congreso.
Entonces, los EE.UU. adquirió nuevos territorios de España que eran islas, incluyendo a Puerto Rico en 1900. Estas nuevas islas fueron llamadas territorios “insulares” ya que las islas estaban geográficamente aisladas de otras tierras más grandes por cuerpos de agua.
Contrario a los territorios continentales, los nuevos territorios insulares no estaban habitados por ciudadanos americanos. Por lo tanto, los derechos de las personas de estas islas fueron definidos por la ley territorial federal aprobada por el Congreso.
Cuando la aplicación de la ley territorial fue impugnada en los tribunales federales, el Tribunal Supremo Federal resolvió en 1901 que los territorios insulares no serían incorporados a los EE.UU. hasta que el Congreso les confiriera la ciudadanía americana. Eso significaba que la Constitución de los Estados Unidos no aplicaría para definir los derechos de las personas en tales territorios no-incorporados a menos que el Congreso les confiriera la ciudadanía en un futuro.
El primero de los Casos Insulares fue sobre unas naranjas. Downes v. Bidwell sostuvo que ya que la Constitución no aplicaba, los EE.UU. podía hacer leyes en sus territorios que serían inconstitucionales en los estados.
Samuel Downes era un bodeguero que había importado unas naranjas. Bidwell era George Bidwell, el oficial de aduana que obligaba a Downes a pagar arbitrios por las naranjas.
Downes asumía que como Puerto Rico pertenecía a los Estados Unidos, él no estaba realmente importando esas naranjas desde una nación extranjera a un lugar de Estados Unidos.
Por lo tanto, Downes no creía que tenía que pagar arbitrios por las mismas. El Tribunal Supremo emitió una decisión dividida de 5 a 4, pero la mayoría decidió que cuando había dinero por medio, las cosas podían ser diferentes en los territorios no-incorporados. Por lo menos hasta que el Congreso Federal decidiera que esos territorios insulares no-incorporados eran una “parte integral” de los Estados Unidos y le confiriera la ciudadanía americana a las personas, y por ende, la aplicación de la Constitución. La decisión de Downes y la línea de las decisiones del tribunal sobre la ley territorial conocidos como los Casos Insulares crearon una nueva clase de territorios bajo el régimen de los EE. UU., habitados por no ciudadanos y gobernados bajo los estatutos federales sin la aplicación directa de la Constitución. La naturaleza legal y política de este estatus territorial insular no-incorporado creado por el tribunal todavía fascina y cofunde a los eruditos al día de hoy.
Por ejemplo, Bartholomew Sparrow, un experto en este tema, lo expresó de la siguiente manera: “en Downes v. Bidwell, uno de los más importantes de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estableció que los Estados Unidos no era meramente una nación de estados y territorios temporeros; era una nación de estados y territorios potencialmente permanentes”.
Este análisis es incorrecto porque los Casos Insulares no hacen permanente el estatus territorial no-incorporado. Por el contrario, los Casos Insulares hacen indefinido el estatus territorial no-incorporado. Ya que la ley territorial federal interpretada en los Casos Insulares es adoptada por el Congreso, puede ser enmendada o derogada por el Congreso.
El Congreso puede terminar el estatus de territorio no-incorporado o cambiar la forma del gobierno territorial y la ley según le plazca. Ya que el Congreso no puede aprobar una ley que comprometa a un Congreso subsiguiente, el estatus de territorio no-incorporado nunca podrá ser permanente.
De igual manera, ya que la Constitución aplica a territorios habitados por ciudadanos americanos que están incorporados y encaminados hacia la estadidad, el período de gobierno temporero previo a la estadidad es también indefinido, y el estatus del territorio no es permanente hasta que el mismo es admitido a la unión.
La razón por la cual Puerto Rico sigue teniendo un estatus temporero como territorio de los EE.UU. en vez de un estatus político permanente como un estado de la Unión o como una nación independiente es que el Tribunal Supremo Federal emitió una decisión sumamente confusa sobre Puerto Rico en 1922.
Aunque muchos peritos legales lo ven como uno de los Casos Insulares, la decisión de Balzac, de hecho, se aparta de la doctrina de territorio no-incorporados de los Casos Insulares al igual que las decisiones del Tribunal Supremo Federal sobre el estatus de estados no-incorporados que se convirtieron en estados.
Esta es la explicación. Antes de Balzac existían dos categorías de territorios. La primera era el territorio tradicional habitado mayormente por ciudadanos americanos, incorporado al amparo de la Constitución. Por ejemplo, poco después que el caso Downes fuera resuelto en 1901, el tribunal decidió que Alaska y Hawái estaban incorporados bajo la Constitución ya que el Congreso le había conferido la ciudadanía americana a estos dos territorios.
La segunda era el estatus de no-incorporado al amparo de Downes y los Casos Insulares, en la cual los no ciudadanos eran gobernados por la ley territorial federal independiente de la Constitución. Por ejemplo, las personas no ciudadanas del territorio de Filipinas eran gobernadas como territorio no-incorporado bajo la ley territorial federal, y en 1916, el Congreso pasó una ley que establecía que la ciudadanía americana no sería concedida en ese territorio. Por el contrario, los EE.UU. encaminaron a las Filipinas hacia la independencia y estatus de nación, lo cual se logró en 1947.
El orden legal y político para la gobernanza de EE.UU. o para territorios incorporados habitados por ciudadanos americanos y para territorios no-incorporados habitados por no ciudadanos fue saboteado por el caso Balzac en 1922, al tribunal crear una tercera categoría de territorio de EE.UU. Específicamente, el tribunal determinó que el Congreso puede gobernar a Puerto Rico sin que le aplique la Constitución, aunque el Congreso le había conferido la ciudadanía americana en 1917.
Este significó que por primera vez y única vez en nuestra historia los ciudadanos americanos en un territorio (Puerto Rico) no serían gobernados de la misma manera que los ciudadanos americanos en los 32 territorios que se convirtieron en estado entre 1796 y 1959, incluyendo a Alaska y Hawái. Por el contrario, bajo Balzac la otorgación de la ciudadanía americana es tratada como una decepción, y como resultado, los ciudadanos americanos de Puerto Rico son gobernados bajo la doctrina Downes de territorio no-incorporado, según se aplicó a los no ciudadanos de las Filipinas.
Esto contradijo la decisión del caso Downes según la cual la doctrina de territorio no-incorporado aplicaba solamente hasta que el Congreso confiriera la ciudadanía americana. Balzac también contradijo la decisión del Tribunal Supremo Federal en los casos de Alaska y Hawái que establecía que la otorgación de la ciudadanía americana significaba que esos dos territorios fueron incorporados bajo la Constitución.
En el caso Balzac, el periodista Jesús M. Balzac fue hallado culpable de libelo en Puerto Rico por criticar al gobernador del territorio. Él alegó que sus derechos constitucionales como ciudadano americano habían sido violados por el sistema legal de Puerto Rico, ya que no existía juicio por jurado para casos de delitos menos graves en aquel momento en Puerto Rico.
El Tribunal Supremo expresó que Puerto Rico, un territorio no-incorporado, no era gobernado por la Constitución de la misma manera que Alaska, un territorio incorporado. En este caso, la decisión del tribunal fue unánime. Señalaron que el primero de los Casos Insulares en 1901 había establecido que algunos derechos personales garantizados por la Constitución eran tan importantes que habrían de aplicarse a todos… pero ninguna de las decisiones de los Casos Insulares estableció exactamente cuáles eran esos derechos.
Los Casos Insulares han sido cuestionados por muchos expertos desde ese entonces, pero Balzac sigue permitiendo que el pueblo de Puerto Rico sea tratado como ciudadanos de segunda clase.
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